Para Verbitsky el esquema que se intenta ahora es el mismo que usó el 17 de mayo de 1956 el juez de facto Luis Botet, en la causa “Perón, Juan Domingo y otros s/ traición y asociación ilícita” (ver)
“Ya mismo estamos elevando una queja, no podemos permitir que se compare a un dictador que gobernó por decretos y anulando al Congreso con un CEO que gobierna por DNU y sin tener en cuenta al Congreso”, agregaron las chicas de prensa del CEO de la República, el ingeniero Mauricio Macri (ver)
Dice Horacio Verbitsky en Pagina 12: El esquema que se intenta ahora es el mismo que usó el 17 de mayo de 1956 el juez de facto Luis Botet, en la causa “Perón, Juan Domingo y otros s/ traición y asociación ilícita”, instada por el gobierno militar que tres semanas después fusilaría a decenas de trabajadores y militares acusados de conspirar para reponer al gobierno derrocado. Para Botet, el delito se había realizado con la sanción de leyes que a su juicio confirieron a Perón la suma del poder público y facultades extraordinarias. Botet, que se identificaba como “Juez de la Revolución Libertadora”, libró orden de captura internacional contra Perón y ordenó el arresto de más de un centenar de ministros, secretarios, diputados y senadores. Esta es parte de la dificultad que encuentra ahora Macrì: si el memorando constituye el delito, ¿cómo imputar a Timerman y Cristina y no a los diputados y senadores que lo convirtieron en ley? Botet reapareció en julio de 1966, como interventor de la Universidad Nacional de Buenos Aires luego de la noche de los bastones largos que el dictador Juan Carlos Onganía hizo descargar sobre la cabeza de profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas. Al referirse al éxodo de centenares de investigadores de alto nivel que fueron a enriquecer a universidades de todo el mundo, entre ellos el futuro Premio Nobel César Milstein, Botet dijo que la autoridad debía prevalecer sobre la ciencia, un razonamiento de la misma raíz filosófica (con perdón de la palabra) que la advertencia del actual ministro de Comunicaciones, quien cree que ninguna ley puede limitar al presidente (ver)
Los fundamentos del decreto que le dio vida a El Libro Negro decían que “permitirá a la ciudadanía formarse un claro concepto de la extensión y profundidad de la corrupción administrativa que abarcaba todas las ramas del gobierno y las organizaciones del único partido político de actuación libre durante la década del despotismo, para que conscientemente pueda defenderse de los peligros del totalitarismo antidemocrático”. Como se observa, este enunciado ya suprimía toda alusión al peronismo, sus líderes y los elementos de su liturgia, prohibidos por la Revolución Libertadora o fusiladora, depende de quién cuente la historia del ’55 (ver)
El libro negro de la segunda tiranía lleva de prólogo el discurso completo del “excelentísimo señor vicepresidente provisional de la Nación, contraalmirante don Isaac F. Rojas”. Sus palabras: “Esta revolución –nuestra Revolución Libertadora– ante la insólita situación de malversación de caudales públicos y violación de las normas de la moral, la ética y el derecho, por parte de numerosos funcionarios públicos del régimen depuesto, debió, como uno de sus primeros objetivos, crear un organismo de auténtico cuño revolucionario, a fin de determinar […] los latrocinios e impudicias que el país sufriera durante la tiranía; fue así que nació como una verdadera necesidad pública, la Comisión Nacional de Investigaciones.” Dicha Comisión –creada por decreto el 7 de octubre de 1955 y que lleva la firma del dictador Lonardi– culminó su labor investigativa en 1958, a su vez plasmada en el documento denominado Libro Negro de la Segunda Tiranía.
El espíritu denunciador, la moralina liberal y reaccionaria, el pensamiento, los argumentos y conceptos reflejados en el citado documento, siguen vigentes.
Con impulso del Gobierno, buscan reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina. https://t.co/83vUsTWFLQ pic.twitter.com/5jxaYkHnQE
— Cronista.com (@Cronistacom) enero 8, 2016