Desde 1956, cuando una dictadura encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu resolvió incorporarnos al Fondo Monetario Internacional, los argentinos nos hemos acostumbrado a convivir con una deuda externa ilegítima, impagable y eterna.
El cumplimiento puntual del pago de la deuda y sus intereses ha obligado desde entonces a postergar o abandonar los proyectos de desarrollo autónomo.
Otra solución –se nos ha dicho desde entonces y vuelven a repetirnos hoy– es imposible, porque debemos respetar los compromisos contraídos tanto por dictaduras militares como por gobiernos constitucionales. La "continuidad jurídica del Estado" prevalece sobre cualquier otro principio vinculado a la defensa de la soberanía del pueblo y los derechos humanos.
Una deuda ilegal
Hemos sostenido en varios artículos publicados que la deuda contraída por el gobierno macrista en 2018 es ilegal y constituye en consecuencia un acto de nulidad absoluta, por cuanto ninguna de las partes –ni la República Argentina ni el FMI– ha cumplido con los requisitos formales y de razonabilidad.