La Secretaría de Derechos Humanos viene advirtiendo que el lawfare o 'guerra jurídica' constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública".
El organismo recordó que "tiene la responsabilidad de investigar" los actos en los cuales "las autoridades estatales pueden ser responsables de vulnerar derechos", como es el caso del lawfare, impulsado "por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático". Y dijo: "en estas causas judiciales, como las que enfrenta la expresidenta, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal".