Contra la brutal expropiacion.

La oposicion neo-menemista (en su actual version Union-PRO),  la Alianza residual (UCR-CC) y las corporaciones (mediaticas, empresariales y campestres) continuaron escandalizadas por la expropiacion de las empresas del Grupo Techint en Venezuela. En realidad salieron a pegarle a Chavez, pero la intencion que tuvieron los comunicados, opiniones y advertencias estaban dirigidas al gobierno nacional. El verbo transitivo "expropiar", en boca de algunos comunicadores, formadores de opinion, defensores de los valores republicanos y de los principos basicos de la propiedad privada es equivalente a: "robar". Busque en el diccionario y expropiar significa: "quitar legalmente una propiedad a una persona por motivos de interés público, dándole generalmente a cambio una indemnización". La nacionalización de empresas siderometalúrgicas en Venezuela tiene estrecha vinculación con la política de desarrollo sostenida y plebiscitada más de una decena de veces por el gobierno de Hugo Chávez. El proceso de traspaso del control de las empresas en favor del estado venezolano culminó con el pago de una indemnización de 1970 millones de dólares al grupo Techint.  La expropiación fue el corolario de una serie de denuncias porque compraban el mineral de hierro a una empresa estatal, a precio subsidiado, y luego ofrecía el acero a precios exorbitantes al mercado interno. Si no se lo aceptaban en esas condiciones, lo vendía al exterior a sus propias filiales (México, por ejemplo) pero a precios menores a los anteriores. Ahora bien de todo esto no hablan ni los opositores, ni los medios hegemonicos y mucho menos el empresariado local que se muestra preocupado por el avance Chavista en la region. La cupula de la UIA redoblo la apuesta y solicito la no inclusion del pais caribeño al Mercosur. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió duramente a los planteos al afirmar que le hubiera gustado que los primeros 400 millones de dólares que Techint obtuvo gracias a la intervención oficial como parte de la venta de Sidor se “hubieran depositado en la Argentina en lugar de otros países que tienen crisis y no ofrecen garantías”. A propios y extraños quisiera recordarles que en la argentina durante el primer gobierno de Juan D Peron se sanciono una Constitucion Nacional en donde se ratificaba el respeto a la propiedad privada y se le reconoció una función social; su ejercicio debía aceptar la primacía del bien común (art. 38). Ello es así porque “el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social” (art. 39). “La organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social” (art. 40). Se autorizó al Estado a intervenir en la economía, nacionalizar activos y actividades estratégicas para el desarrollo y la soberanía nacional; se definió un procedimiento riguroso para la nacionalización de servicios públicos y otros bienes y empresas cuando el interés nacional lo requiriera, y se declararon “propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación” todas las fuentes naturales de energía.