En una actitud insólita para una titular del FMI, esta semana Kristalina Georgieva visitó el país. Argentina depende de ella y del Fondo. No existe en el mundo un banco donde el 30 % de su cartera dependa de un solo cliente como pasa entre este país y el FMI. Si cambiara el gobierno por otro que defienda los intereses nacionales, que son los de sus ciudadanos, la ecuación se daría vuelta: Kristalina y el Fondo dependerían de la Argentina.
Los riesgos financieros que tomaron en el Fondo para apuntalar los gobiernos derechistas de Macri y de Milei no tienen sustento técnico porque los préstamos fueron de carácter político.
El nivel de exposición y la vulnerabilidad que representa para el Fondo esa relación con Argentina es la evidencia indiscutible de la absoluta irregularidad de esos préstamos.
El proyecto de ley que presentó Máximo Kirchner para revisar esos acuerdos y pagar solo aquello que se prestó de manera reglamentaria y poner el resto en discusión se justifica por el trámite ilegal de esos préstamos.
El Fondo entregó a la Argentina una suma 10 veces mayor que un préstamo normal y 3 veces mayor que la permitida por su reglamento en casos excepcionales. Y además ignoró que el gobierno del país que recibía esa suma tampoco siguió el trámite legal que debía ser aprobado por el Congreso local.
La cabeza de Kristalina al frente del Fondo depende de la reelección de Milei, que mantendrá el status colonial de entrega. El candidato opositor que gane tendrá la obligación material y moral de renegociar esa deuda en términos rigurosos. Tras la salida del gobierno macrista, el Fondo reconoció su responsabilidad. Corrieron a los directivos que concedieron esa enormidad, pero solo aceptaron negociar plazos. Si Milei es derrotado en 2027, tendrá que aceptar más que eso.
Kristalina viajó a Vaca Muerta porque es lo único que puede mostrar como garantía de pago. Pero el yacimiento no hace más legal el préstamo desproporcionado que financió la fuga de capitales y solo sirvió para poner al país bajo los ajustes y la desprotección legal para trabajadores, jubilados y discapacitados que impone el Fondo.
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