Junto con las corporaciones mediáticas, el macrismo necesita que los procuradores, los jueces y fiscales estén alineados en el dispositivo de convalidación ideológica de sus políticas.
Donde el Estado interviene por una quiebra irregular, como en Vicentín, aparece un juez adicto que dice que es autoritarismo.
Donde el Estado aplica una ley antimonopólica a una empresa de medios --donde el monopolio es muchísimo más tóxico que en otras actividades económicas--, aparecen jueces y hasta la Corte para decir que es censura dictatorial.
Donde el Estado aplica políticas de distribución de la riqueza, aparece un juez para denunciar "corrupción", como en el Plan Qunita o "confiscación", como con cualquier ley que proponga un aporte extraordinario a las grandes fortunas.
De esta forma, el macrismo busca utilizar al Poder Judicial como la validación de una figura simbólica en la que distribución de la riqueza es igual a corrupción.
Y lograr que cada vez que se hable de distribución, surja la sombra ominosa de la corrupción. Y al revés: que la sociedad crea que todos los que están contra la distribución de la riqueza están en contra de la corrupción.
Un triste lugar para los funcionarios judiciales que aceptan jugar ese papel.
Los Tramposos por Luis Bruschein
en Página 12