Si el lawfare es –dicho de un modo técnico– la continuación de la política por otros medios, la Argentina se ha convertido en su vanguardia mundial. Tal vez porque –en contraposición a lo que indican los manuales– su ejercicio ya no es un secreto para nadie. Lo prueba la reciente denuncia del Poder Ejecutivo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema por ser garantes de su sistematización.
Por Ricardo Ragendorfer en Tiempo Argentino