Se trata de un plan criminal y sincronizado de desestabilización política, que desnuda un profundo deterioro institucional en el país. Los organismos estatales creados para detectar, intervenir y enfrentar actividades de alta criminalidad como esta, han fallado. Tanto la legislación argentina como las agencias respectivas encargadas de su aplicación, cuentan con todos los recursos materiales para una batalla que lamentablemente no se dio, no al menos con una intensidad proporcional a la agresión llevada a cabo por la organización criminal. Si bien desarrollar en detalle las razones de semejantes falencias excederían el espacio de estas reflexiones, es interesante al menos una breve reseña de los hechos.