A la vicepresidenta no se la nombró nunca en los tres años que lleva el juicio, por lo cual habrá que ver cómo se la arreglan los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para achacarle los delitos de jefa de una asociación ilícita y fraude al estado.
En los tres años tampoco hubo una pericia o testigo que dijera cuál o cuánto fue el perjuicio para el Estado y, por el contrario, está claro que en el único chequeo que se hizo de las obras, ordenado por el propio macrismo, se constató que las rutas estaban bien construidas y que no se pagó nada que no tuviera su certificado de obra