El decreto 780, firmado el lunes 2 por el titular del Poder Ejecutivo Nacional y su jefe de Gabinete, modifica definiciones y disposiciones de una ley de 2016 que regula y defiende el derecho al acceso a la información. Con esa norma, el Congreso había superado lo dispuesto en 2003 por el decreto 1172, con lo que la nueva Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 27.275 postulaba que "toda la información en poder del Estado se presume pública", en pos de una "transparencia y máxima divulgación" con "alcance limitado de las excepciones".
A la vez, aquel trámite casi unánime del 2016 –bajo la administración Macri– creó la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), un ente autárquico para velar porque se publique la información, rol que ahora queda cuestionado.