El laboratorio represivo montado en Jujuy por Gerardo Morales aplicó varias herramientas de dudosa legalidad, entre ellas la intromisión de la policía y los funcionarios judiciales en la intimidad de la comunicación de los detenidos del 17 de junio en el corte de ruta en Purmamarca, en la información que está en sus teléfonos celulares. Las veinte personas arrestadas esa jornada quedaron imputadas por delitos tales como "entorpercimiento de transportes y servicios", y sus teléfonos fueron secuestrados en un procedimiento irregular, a cuyos detalles accedió Página/12. En particular, dos periodistas vieron vulnerado su derecho constitucional a la reserva de las fuentes. Por esta razón, diversas organizaciones de trabajadores y trabajadoras de prensa del país, así como Reporteros sin Fronteras, repudiaron la orden del Poder Judicial de Jujuy de detener, imputar y abrir los celulares de los periodistas Lucho Aguilar, de La Izquierda Diario, y Camilo Haro Galli, de El submarino. En sus respectivos comunicados Fopea, Sipreba y Fatpren se pronunciaron con "fuerte rechazo a la criminalización de los trabajadores de prensa y al peritaje de sus teléfonos". También el CELS denunció los abusos contra periodistas.