18 noviembre 2015

Justicia "militante"

Allanamientos preelectorales, el Partido Judicial y su Sec. Gral.: Claudio Bonadío, así titulo Cristina -una publicación que difundió en su blog y en la redes- y en la continua diciendo: El 21 de febrero de este año, bajo el título: 18F, el bautismo de fuego del Partido Judicial, señalábamos la aparición pública del Partido Judicial, como el “Nuevo ariete contra los Gobiernos Populares ...




que suplanta al Partido Militar en el rol que, en el trágico pasado, asumiera respecto de Gobiernos con legalidad y legitimidad democrática”

“Ya no se trata de golpes violentos que interrumpen el funcionamiento de las instituciones y de la Constitución. La modalidad es más sofisticada. Articula con los poderes económicos concentrados y fundamentalmente con el aparato monopólico, intentando desestabilizar al Poder Ejecutivo y desconociendo las decisiones del Legislativo. O sea, un súper poder por encima de las instituciones surgidas del voto popular.” expresó la presidenta.

Dice Clarin que: Claudio Bonadio, el juez que más complicó al Gobierno nacional en los últimos meses, salió esta mañana a defenderse de las acusaciones que lo vinculan con el candidato opositor Mauricio Macri. En declaraciones radiales, justificó los allanamientos que ordenó ayer en el Banco Central, por la causa en la que investiga las millonarias ventas de dólares a futuro (ver)


Publico Cristina; En el día de la fecha, una vez más, el inefable Juez Bonadío corrobora que no solamente son desestabilizadores y destituyentes, sino que además participan en forma militante para las elecciones que tendrán lugar este domingo 22, en ocasión de celebrarse el balotaje (ver)


Con el allanamiento ordenado por el juez Bonadío, se confirma que la intención del macrismo es forzar una devaluación abrupta. Si es posible, antes del 10 de diciembre (ver)



El juez Bonadio allano el Banco Central en busca de documentación que ya habia sido entregada en su juzgado.
Es por una denuncia de los diputados opositores Pinedo (PRO) y Negri (UCR) contra Vanoli, por supuestas irregularidades en contratos de dólar futuro. Cristina Kirchner advirtió que la maniobra pudo haber interrumpido las operaciones normales de la plaza cambiaria.(ver Pagina 12)


Acompañando al jefe de Gabinete en su habitual conferencia de prensa, el titular del Banco Central se refirió al allanamiento que el juez Bonadio realizó el martes a esa institución, con efectivos de la Metropolitana, calificando el hecho "claramente electoral" (ver)


El juez Bonadio aculula la denuncia número 10 por mal desempeño

El secretario de Justicia, Julián Alvarez, explicó la repetición de casos en los que el juez Bonadio toma alguna decisión cada vez que se encuentra en una situación comprometida. “Extorsiona con sus causas”, denunció Alvarez (ver)


"La denuncia es falsa. La información que el Juez requería había llegado a su oficina ayer por la mañana, quiero que el Consejo de la Magistratura investigue si hubo un mal desempeño", explicó Recalde. Y completó: "Las actitudes de Bonadio son realmente alarmantes por la oposición que toma en los actos, eso no asegura la independencia judicial" (ver)


No hay veda para el magistrado ahora el juez federal Claudio Bonadio procesó al titular del PAMI (ver)



Una ayuda judicial, parte de la editorial de Horacio Verbitsky en Pagina 12 (ver)

La toga amarilla

El jueves debía proseguir el juicio oral por el encubrimiento del atentado en 1994 contra la sede de la DAIA pero el tribunal oral federal 2 decidió suspender la audiencia, alegando problemas de salud de su presidente, Jorge Gorini. Empleados del mismo tribunal dijeron que el juez estaba en perfectas condiciones y que la suspensión se dispuso para evitar que en la semana de las elecciones se escuchara el testimonio de Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas por el atentado, cuya denuncia en 2009 dio lugar a la causa por espionaje ilegal en la que están procesados Macrì, el primer jefe de la Policía Metropolitana, comisario Fino Palacios, y el espía Ciro James. Macrì respondió con ira mal contenida cuando el periodista Darío Villarruel le preguntó por esa causa, que el candidato desdeña como una invención del kirchnerismo, aunque no pueda explicar cómo entonces su procesamiento fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. Macrì será así el primer candidato presidencial que llegó a las urnas procesado. La preocupación de Gorini por la asepsia judicial es comprensible, pero unidireccional. Al mismo tiempo que Macrì quedaba a resguardo de un testimonio molesto, otros jueces competían por ver quien firmaba la resolución más adversa contra el gobierno nacional y sus funcionarios.

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó una medida cautelar de Papel Prensa (la empresa cuya propiedad comparten los diarios Clarín y La Nación con el Estado como socio bobo) y suspendió las disposiciones de la ley 26.831 de Mercado de Capitales, que autorizan a la Comisión Nacional de Valores a designar veedores con facultad de veto de las decisiones de los órganos de administración de una sociedad y a suspender a esas autoridades de la empresa.

La sala II de la misma Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional el artículo de la ley que varió de 13 a 20 miembros la composición del Consejo de la Magistratura, proyecto que CFK presentó cuando era Senadora.

La misma sala decidió mantener la medida cautelar que desde hace doce años impide a la AFIP cobrarle al diario La Nación una deuda impositiva que el ente recaudador calcula en 280 millones de pesos.

La Cámara Federal de Casación Penal reabrió la causa contra el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, por su actuación en la Asamblea del Grupo Clarín del 25 de abril de 2013, en representación del 9 por ciento de las acciones en manos del Estado. Vanoli era entonces presidente de la Comisión Nacional de Valores. El juez Rodolfo Canicoba Corral y la Sala I de la Cámara Federal habían desestimado la denuncia por inexistencia de delito. Los camaristas de casación Eduardo Riggi y Liliana Catucci dispusieron seguir investigando. Riggi tiene un pedido de procesamiento y otro de juicio político, acusado de recibir sobornos de José Pedraza luego del asesinato de Mariano Ferreyra para no avanzar en su investigación.

No obstante los esfuerzos de este tribunal, el premio mayor lo obtuvo una vez más el hiperactivo juez federal Claudio Bonadio: el miércoles ordenó que la Policía Metropolitana allanara las oficinas del Banco Central para secuestrar la documentación sobre las operaciones de compra y venta de dólares a futuro que la autoridad monetaria ya le había enviado. La denuncia fue presentada por los diputados macristas Mario Negri y Federico Pinedo, pero la preparó el presunto ministro de Economía en un hipotético gobierno de Macrì, Alfonso de Prat Gay. El argumento es que Alejandro Vanoli vende a 10 pesos dólares por los que en Nueva York se pagarían 15 con lo que habría una hemorragia de reservas. El Banco Central replica que esto es absurdo, ya que el mercado de futuros se transa en pesos y no hay arbitraje posible con el de Nueva York y que esa operación está prevista en forma expresa en la carta orgánica. Más grave aún, la referencia a los 15 pesos denuncia la magnitud de la devaluación que estima Cambiemos. Bonadio no envió a sus sabuesos antes de la apertura ni después del cierre de las operaciones sino en el horario de trabajo más intenso de la mesa de operaciones. Al no disponer de todos los operadores en las pantallas porque estaban respondiendo las preguntas de los policías porteños, el Banco Central no pudo monitorear y operar en los distintos mercados, en los que el objetivo es impedir saltos bruscos. Esto provocó una pérdida de cien millones de dólares por la sospecha de que la autoridad monetaria hubiera decidido soltar el tipo de cambio, tal como ocurrió en 2014 cuando presidía el Banco Juan Carlos Fábrega. Esto pudo haber inducido una corrida.

El jueves procesó por administración fraudulenta al presidente de la obra social de los jubilados, Luciano Di Cesare, por haber resguardado parte de los fondos de PAMI en letras del tesoro. La causa fue iniciada por la denunciante serial Graciela Ocaña, derrotada precandidata a la intendencia municipal porteña por el fugaz partido ECO. Bonadio lo procesó pese a que Di Cesare demostró que con las letras del tesoro PAMI había obtenido casi 300 millones de pesos de diferencia sobre los intereses de un plazo fijo, es decir que no hubo perjuicio.

Todos ellos actúan bajo el paraguas protector de la jibarizada Corte Suprema de Justicia, cuyo proselitismo se intensificó con la proximidad del acto electoral:

Una vez conocida la victoria electoral de PRO en la provincia de Buenos Aires, le atribuyó la competencia exclusiva para controlar el vertido de efluentes de la planta de Papel Prensa en Zárate, porque “no se ha demostrado la afectación directa o indirecta más allá del territorio provincial”
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Confirmó la vigencia hasta 2016 de la medida pre-cautelar que frenó la adecuación de oficio del Grupo Clarín a los límites de concentración fijados por la ley audiovisual.

Declaró inconstitucional la ley de subrogancias y le explicó al Congreso cómo debería legislar una nueva norma al respecto.